CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo en la Glorieta de Insurgentes, de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, el séptimo foro y diálogo territorial para la construcción de una ciudad habitable y asequible con identidad de arraigo local, para el análisis colectivo y abierto del Bando 1 y atender de fondo los problemas derivados de la gentrificación y permita garantizar derecho a la vivienda.
El diálogo estuvo encabezado por el coordinador general del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la ciudad, Manuel Oropeza Morales, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien aseguró que las 14 propuestas que contienen el Bando 1 contrarresta el problema de la gentrificación por medio de la regulación del mercado inmobiliario, la creación de la defensoría inquilinaria, la construcción de vivienda nueva de interés social, y se trabaja en la elaboración de un Plan Maestro que oriente el desarrollo urbano en los próximos años.
Señaló que con la realización de este y otros foros se ayudará a consolidar la política pública y las iniciativas de ley necesarias para concretar las acciones del Bando 1, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la ciudad, plasmado en la Constitución capitalina, con la generación de políticas públicas, leyes y programas para garantizar este derecho.
Por su parte, el asesor de la Secretaría de Vivienda, Federico Taboada, explicó que uno de los objetivos es estabilizar los precios de las rentas, y para lograrlo se plantea producir más vivienda social en esquemas como la vivienda pública en renta en zonas céntricas, que ha demostrado resultados en otras ciudades del mundo como Nueva York o Viena, con la finalidad de ofrecer a sectores vulnerables y personas que más lo necesitan.
«¿Qué queremos? Que la vivienda sea más barata. Ese es nuestro objetivo y que la gente pueda acceder a ella de manera fácil, ágil y sin ninguna discriminación», agregó.
Albina Ramírez, mujer indígena con más de 40 años viviendo en la ciudad, así como Margara Cervantes y Rita Ramírez, vecinas desplazadas y víctimas de despojo de vivienda, coincidieron en las dificultades para acceder a una vivienda digna y en las peripecias que se padecen a causa de la gentrificación y de los carteles inmobiliarios
En ese sentido, llamaron a la sociedad a trabajar unidos para avanzar en una propuesta que garantice vivienda, al tiempo que pidieron a la ciudadanía despertar la sensibilidad de los habitantes de la ciudad hacia las personas y familias que no tienen un lugar propio para vivir.
En su intervención los activistas Victor Delgadillo y Sergio González coincidieron en que el Bando 1 no define los tiempos ni la forma que se llevará a cabo cada una se las 14 propuestos, y externaron su preocupación porque los compromisos solo sean acciones a largo plazo, y sin una forma concreta de participación ciudadana.
Añadieron que es fundamental definir e identificar quién produce la gentrificación en la ciudad con nombre y apellido, por lo que solicitaron al gobierno identificar a quienes son los beneficiarios de incentivos fiscales.
Finalmente, personas anfitrionas de plataformas de rentas de viviendas temporales expresaron su rechazo en contra de restricciones sobre el 50 por ciento impuestos a este tipo de plataformas.
El diálogo estuvo encabezado por el coordinador general del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la ciudad, Manuel Oropeza Morales, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien aseguró que las 14 propuestas que contienen el Bando 1 contrarresta el problema de la gentrificación por medio de la regulación del mercado inmobiliario, la creación de la defensoría inquilinaria, la construcción de vivienda nueva de interés social, y se trabaja en la elaboración de un Plan Maestro que oriente el desarrollo urbano en los próximos años.
Señaló que con la realización de este y otros foros se ayudará a consolidar la política pública y las iniciativas de ley necesarias para concretar las acciones del Bando 1, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la ciudad, plasmado en la Constitución capitalina, con la generación de políticas públicas, leyes y programas para garantizar este derecho.
Por su parte, el asesor de la Secretaría de Vivienda, Federico Taboada, explicó que uno de los objetivos es estabilizar los precios de las rentas, y para lograrlo se plantea producir más vivienda social en esquemas como la vivienda pública en renta en zonas céntricas, que ha demostrado resultados en otras ciudades del mundo como Nueva York o Viena, con la finalidad de ofrecer a sectores vulnerables y personas que más lo necesitan.
«¿Qué queremos? Que la vivienda sea más barata. Ese es nuestro objetivo y que la gente pueda acceder a ella de manera fácil, ágil y sin ninguna discriminación», agregó.
Albina Ramírez, mujer indígena con más de 40 años viviendo en la ciudad, así como Margara Cervantes y Rita Ramírez, vecinas desplazadas y víctimas de despojo de vivienda, coincidieron en las dificultades para acceder a una vivienda digna y en las peripecias que se padecen a causa de la gentrificación y de los carteles inmobiliarios
En ese sentido, llamaron a la sociedad a trabajar unidos para avanzar en una propuesta que garantice vivienda, al tiempo que pidieron a la ciudadanía despertar la sensibilidad de los habitantes de la ciudad hacia las personas y familias que no tienen un lugar propio para vivir.
En su intervención los activistas Victor Delgadillo y Sergio González coincidieron en que el Bando 1 no define los tiempos ni la forma que se llevará a cabo cada una se las 14 propuestos, y externaron su preocupación porque los compromisos solo sean acciones a largo plazo, y sin una forma concreta de participación ciudadana.
Añadieron que es fundamental definir e identificar quién produce la gentrificación en la ciudad con nombre y apellido, por lo que solicitaron al gobierno identificar a quienes son los beneficiarios de incentivos fiscales.
Finalmente, personas anfitrionas de plataformas de rentas de viviendas temporales expresaron su rechazo en contra de restricciones sobre el 50 por ciento impuestos a este tipo de plataformas.
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