KINSASA, 26 de agosto de 2026.- La noticia cayó como una bomba en el mundo tecnológico: el Estado congoleño, propietario de una de las mayores reservas de minerales esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos de última generación, ha presentado una denuncia contra la compañía estadounidense Apple. Kinshasa acusa a la compañía de abusar de su posición para abastecerse de minerales congoleños extraídos de explotaciones ilegales al este de la República Democrática del Congo (RDC) y exportados ilegalmente a través de Ruanda, con el respaldo del grupo rebelde M23.
La iniciativa fue bien acogida por la opinión pública congoleña, que denuncia regularmente el saqueo del subsuelo de su país por intermediarios vinculados a la vecina Ruanda. Mugisha (nombre ficticio por razones de seguridad relacionadas a la toma de la ciudad de Goma por el M23), miembro de la organización congoleña Société Civile (que agrupa a varias organizaciones locales), comparte este sentimiento: «Desde hace años, los minerales congoleños se exportan ilegalmente a todo el mundo a través de Ruanda, sin que ello reporte beneficios a la RDC, sino a los actores armados que pululan por la región. La población congoleña es víctima por partida doble: por un lado, del robo de sus riquezas naturales, que no contribuyen en nada a la construcción del país; por otro, de la guerra, alimentada por los beneficios del comercio ilegal de minerales», resume. «Todo el mundo lo sabe, especialmente las empresas tecnológicas que compran los minerales esenciales para su negocio, pero todos hacen la vista gorda».
«En este contexto, acogemos con satisfacción la presentación de esta denuncia, que pretende poner fin a la guerra y garantizar que el pueblo congoleño se beneficie por fin de las riquezas de su tierra. El Gobierno debe hacer todo lo posible para que prospere».
Sin embargo, el entusiasmo generado por el anuncio de esta iniciativa se desvaneció rápidamente. El motivo reside en la inacción de la comunidad internacional ante un conflicto que se prolonga desde hace casi 30 años en el este de la RDC. El despliegue, a partir de 2010, de una amplia fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la Monusco, que reemplazó a la Monuc, presente desde 1999, junto a las innumerables promesas de poner fin a la guerra y a la explotación ilegal de los recursos naturales, no han dado ningún resultado, lo que ha alimentado la desconfianza ante cualquier intento de gobernanza internacional.
El proceso de certificación ITSCI (Iniciativa Internacional para la Cadena de Suministro del Estaño), lanzado en 2010, se presentó como una solución para frenar – gracias al control de las cadenas de suministro – lo que muchos califican de saqueo de la región. «Pero está más que demostrado que esta certificación se esquiva con facilidad y no soluciona nada», afirma Mugisha. Una investigación exhaustiva de la ONG Global Witness calificó al ITSCI de «lavandería», ya que su falta de rigor permite el blanqueo de gran cantidad de minerales robados.
La administración por parte de los rebeldes del M23 de una parte de la zona de producción – en particular, de las importantes minas congoleñas de Rubaya, productoras de coltán, wolframio y estaño -, junto con la corrupción que gangrena el país (que ocupa el puesto 162 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional), hacen inviable cualquier mecanismo de control eficaz sobre el terreno.
La decepción con la comunidad internacional se ve alimentada por las sospechas de que ciertos países buscan acaparar los minerales congoleños. «En febrero de 2024, la UE firmó un memorando de entendimiento con Ruanda sobre cadenas de valor sostenibles para las materias primas. El objetivo es apoyar la exportación de minerales a través del país, a pesar de que sabemos que el país (Ruanda) produce muy poco y que la mayor parte se extrae en el Congo», denuncia Alexis Muhima, del Observatorio Congoleño de la Sociedad Civil para los Minerales de Paz (OSCMP).
«Esta denuncia es, por tanto, un mensaje dirigido a la comunidad internacional y a todas las multinacionales: ya es hora de que entiendan que no pueden seguir saqueando impunemente las riquezas de la RDC». Muhima llama a las empresas del sector tecnológico a garantizar un comercio que respete los derechos humanos.
Mientras las autoridades congoleñas apuestan por su denuncia para llamar la atención de la opinión pública internacional sobre la cuestión de los minerales de guerra, los investigadores y activistas congoleños prefieren insistir en la necesidad de establecer cadenas de valor limpias y sostenibles, indispensables para que la explotación del subsuelo congoleño beneficie a la población.
«Con esta denuncia, Kinshasa pretende presionar a Ruanda, en un momento en que las relaciones con Kigali están en su punto más bajo. Pero el verdadero desafío consiste en establecer cadenas de valor libres de minerales procedentes de minas que no respeten las normas nacionales e internacionales», señala Josaphat Musamba, investigador y miembro del Grupo de Estudios sobre Conflictos y Seguridad Humana, unidad de investigación del Centro de Investigaciones Universitarias de Kivu (Instituto Superior Pedagógico, Bukavu). «Para ello se precisa una mayor trazabilidad y, en este sentido, queda mucho trabajo por hacer internamente», añade.
La RDC se ha dotado de un mecanismo de control de las minas que les concede una autorización para comercializar su producción solo si cumplen una serie de normas. «Por el momento, nos encontramos con que los minerales exportados legalmente de las minas congoleñas incluyen minerales extraídos de yacimientos no certificados. Es esencial mejorar la trazabilidad de los minerales congoleños, pero no debemos pensar que el problema se debe únicamente a la política de Ruanda. Esta denuncia no lo resolverá todo».
A escala internacional, también se acusa a las multinacionales de falta de transparencia, algo indispensable para garantizar la trazabilidad de los minerales. Tras la denuncia presentada por la RDC en París y Bruselas contra las filiales francesa y belga de Apple por «encubrimiento de crímenes de guerra, blanqueo de falsedad documental y engaño a los consumidores», la empresa ha anunciado que «dejará de abastecerse de minerales procedentes de la RDC y Ruanda».
Sin embargo, la empresa sigue sin aclarar los detalles de esta decisión, sin precisar cuándo la tomó ni qué la motivó, y evitando hacer más comentarios al respecto (Equal Times contactó a Apple para abordar este tema, pero la compañía no respondió a la solicitud). Aun así, se apoya en este anuncio para desmentir las acusaciones de que recurre a los «minerales de sangre», cuyo comercio alimenta el conflicto en la región. En las últimas semanas, la violencia se ha intensificado con la toma de la capital provincial, Goma, tras feroces combates en el centro de la ciudad. El balance provisional es de alrededor de 3,000 muertos y miles de heridos.
Este intento de Apple de garantizar que no utiliza minerales de guerra no ha convencido a las organizaciones congoleñas, que reclaman la estructuración de cadenas de valor sostenibles.
«Las multinacionales deben ser más precisas a la hora de informar a los consumidores», argumenta Mugisha. «Los dispositivos que venden deberían especificar el origen de las materias primas utilizadas, por ejemplo, deberían indicar el lugar de fabricación y procedencia de los minerales empleados. Así, los consumidores dispondrían de elementos objetivos para tomar una decisión antes de comprar uno de estos productos y los accionistas sabrían de dónde proceden los beneficios de sus compañías. Pero, por supuesto, esto presupone la existencia de un sistema de certificación fiable. Tenemos que reanudar los esfuerzos para ponerlo en marcha a escala regional y, por tanto, con los países vecinos, y garantizar la realización de controles sobre el terreno».
En las verdes colinas de Kivu del Sur, horadadas por un lodazal de yacimientos donde se extraen coltán, wolframio y estaño, el anuncio de la denuncia presentada por Kinshasa y sus posibles repercusiones generan incertidumbre.
«La minería es una fuente importante de ingresos y el principal sustento de la mayoría de la población. Al menos el 60% de la población y el 80% de los jóvenes dependen de esta actividad para sobrevivir. Gracias a la explotación minera podemos mantener a nuestras familias y escolarizar a nuestros hijos», explica John, responsable de administración y finanzas en una mina de Kivu del Sur. John también usa un nombre ficticio, ya que en la actualidad huye del avance de los rebeldes del M23. Como él, numerosos miembros de la administración minera de la región han abandonado sus puestos, mientras los insurgentes intentan imponer su propia estructura de control.
Debido a este necesario maná financiero, el llamamiento al boicot lanzado por organizaciones de la diáspora congoleña para boicotear el iPhone 16 y denunciar la supuesta responsabilidad de Apple en el uso de minerales de guerra inquietó a algunos actores locales. «Estos minerales son los ingresos de nuestra comunidad, nuestros pueblos y nuestras familias. Si mañana todos los consumidores se niegan a comprar cualquier cosa extraída en el Congo, nos veremos en un problema», advierte Roger Rugwiza, minero artesanal y responsable del deber de diligencia de Cooperama, una cooperativa minera de Rubaya (Kivu del Norte).
Su advertencia ilustra claramente la preocupación de la cooperativa, que se debate entre el deseo de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de sus empleados, sin poner en peligro su sustento, por insuficiente que sea.
«Más allá de la denuncia contra las filiales de Apple, la verdadera cuestión que debe plantearse es el impacto positivo que la minería puede tener en las comunidades locales», señala Josaphat Musamba. «Para lograrlo, es fundamental desarrollar una industria local de transformación de minerales. Una vez procesados, los minerales tienen más valor que en bruto y generan empleos locales».
«La creación de cadenas de valor sostenibles, libres de minerales procedentes de zonas de conflicto, debe ser el primer paso para que nuestro país capture una mayor parte del valor generado y reduzca su dependencia de los escasos ingresos que dejan los minerales en bruto. Para ello, es necesario desarrollar una industria local capaz de procesarlos. Solo así podremos recaudar los fondos necesarios para garantizar la seguridad, construir escuelas, infraestructuras de transporte y todo lo que necesitamos para vivir con dignidad».
La vecina Kenia, aunque menos rica en minerales, anunció el pasado octubre su intención de restringir temporalmente las exportaciones de varios recursos minerales en bruto para fomentar la transformación local, con el objetivo de aumentar los ingresos del sector minero del 1% al 10% del PIB para 2030. Sin embargo, Josaphat Musamba advierte: «Generar más ingresos es un primer paso importante. Aun así, mantengo la cautela, porque debemos garantizar que ese dinero realmente beneficie a los trabajadores y a las comunidades, y no termine únicamente en los bolsillos de la élite gobernante».
Así pues, la buena acogida de la denuncia presentada por la RDC parece responder más al deseo de que la explotación de las materias primas beneficie en mayor medida a las comunidades locales. Sin embargo, las reacciones, que oscilan entre la esperanza y el escepticismo, reflejan una renovada determinación por tomar el control de los recursos naturales del país.
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