Con una extravagante sentencia de esas que muestran parte del rostro del sistema judicial estadounidense, cadena perpetua más 30 años, el fallo de hoy en la ahora célebre corte de Brooklyn busca dar el final mediático a la trayectoria de Joaquín Guzmán Loera como traficante de drogas. Una historia que, sin embargo, continuará un tiempo en el ámbito de lo legal y desde que fue extraditado hace más de dos años se terminó en los hechos.

Desde entonces el fenómeno del narcotráfico con todo y su criticada narcocultura sigue boyante en  el mundo, y es posible que así continúe por el tiempo que le reste al muy conocido Chapo Guzmán, de 62 años y quien ya hasta tiene una marca de ropa y teleseries, una vez que sea sepultado en vida en una cárcel que también confirmará la narrativa de la “máxima seguridad”.

Esto viene a cuento porque a lo largo del juicio evidencias presentadas por la fiscalía como fotografías y vídeos, por ejemplo,  fueron empleados en este mismo sentido de reforzar la muy particular narrativa que ésta y algunas agencias del gobierno de ese país tienen respecto a la llamada retórica de la ley y el orden al tiempo que omiten cuestiones como las que algunos han llamado narcocorrupción, que no sólo afecta a nuestro país sino a Estados Unidos mismo, o a toda costa bloquear lo relacionado con “seguridad nacional”. Esto incluyó un posible perjurio, que es algo muy grave en el sistema judicial de ese país, con el testimonio del agente Víctor Vázquez respecto a su participación y la de personal de la DEA, la CIA y alguaciles federales de ese país en la detención de Mazatlán en 2014 disfrazados de marinos mexicanos. Algo que el gobierno de Peña Nieto nunca desmintió y se negó a confirmar pese a haber sido publicado en Proceso por Jesús Esquivel, julio de 2015, a quien se lo dijo el propio Vázquez.

Si bien esta sumisión del gobierno mexicano ante la DEA que viola la soberanía nacional no es nueva, partes de lo vertido durante el juicio a Guzmán pueden ser útiles para que diversos ex funcionarios del más alto nivel comiencen a dar explicaciones más que sus típicas negaciones. Los ex socios de Guzmán que declararon en su contra, varios de ellos jugándose sentencias de por vida y el riesgo de que si mienten y son descubiertos pueden ser procesados por perjurio y perder todos los beneficios acordados, acusaron a Enrique Peña, Felipe Calderón y Genaro García Luna de recibir millones de dólares en sobornos. Algo que debería ser formalmente investigado por la actual Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y cuyo resultado en algo podría contribuir para paliar ese desastre con miles de muertos y desaparecidos que México ha puesto en la fallida guerra contra las drogas.

Ente otros hechos significativos del llamado “juicio del siglo”, que periódicos prestigiados como el New York Times contribuyeron a frivolizar, cabe destacar la desigualdad de género que apareció en el modo en que la propia DEA utilizó y exprimió a la llamada Chapodiputada para luego dejarla a su suerte y en la cárcel por un tráfico imposible de comparar dadas las cantidades y drogas con el de personajes como los desalmados Chupeta o El Licenciado. Que las investigaciones de las autoridades norteamericanas sobre las actividades delictivas de Guzmán Loera duraron más de 20 años, así como la interesante manera de seleccionar a los jurados.

Para conocer más sobre este juicio son muy recomendables los trabajos de Jesús Esquivel y el de Alejandra Ibarra, quien cubrió todo el proceso para el semanario Ríodoce donde trabajó el asesinado periodista Javier Valdés, y con quien presentamos una entrevista a propósito de todo esto.