El testigo protegido.

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En el nuevo episodio de la tragicomedia nacional esta semana comenzaron las declaraciones judiciales del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Así que la desconfianza, especulación y odios vuelven a inundar redes sociales, columnas periodísticas y opinión pública, donde ya se calificó el proceso como espectáculo, serie de Netflix, telenovela o reality show que no llegará a nada, y cuya motivación sólo es con fines electorales.

Sobre estas percepciones lo mismo ha contribuido la -¿inexistente?- política de comunicación de la Fiscalía de la Republica, filtraciones a los medios achacadas a la defensa de Lozoya, la desinformación general sobre leyes y procedimientos penales, más la inducida por diversos actores políticos y sus aliados orgánicos o de quienes desde antes de iniciado el proceso ya niegan haber recibido sobornos millonarios. O las desavenencias públicas entre la misma Fiscalía y la Inteligencia financiera de Hacienda.

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Es el viejo juego sucio que viola el llamado secreto del sumario para litigar fuera de los tribunales y ganar en la opinión pública, o al menos manipularla. Y aunque no es algo típico de México (eso mismo le enseñó a un joven Donald Trump su abogado Roy Cohn que también trabajó para dos familias de la mafia en Nueva York, por ejemplo), tiende a debilitar las imputaciones pues se presta a  que las condenas o absoluciones ocurran en tribunales mediáticos o de opinión además de producir expectativas que no necesariamente pueden cumplirse en lo jurídico. Lo que contribuye a perpetuar la impunidad y el desánimo social.

Por eso una de las expectativas más interesantes generada hasta antes de la primera declaración por videoconferencia de Lozoya con el juez, fue la posibilidad –ya frustrada- de un maxiproceso. Sobre todo debido al trato recibido por parte de la Fiscalía, el cual generó furia en aquellos sectores donde el sentido de justicia se reduce a pisar o no la cárcel con foto tras las rejas. Así que en una de esas contradicciones tan típicamente mexicana, critican el espectáculo de Lozoya pero piden su show de la humillación pública aunque el juicio ni siquiera había empezado. Ignorando, muchas veces a propósito, las negociaciones que precedieron su extradición, las facultades de la Fiscalía para suspender, interrumpir o renunciar a una persecución penal, o los rasgos del delito de cuello blanco que suelen traer consigo mucha impunidad al punto que múltiples transgresiones ni siquiera están consideradas graves en el código penal. No en vano el ex colaborador de Enrique Peña Nieto dijo en su primera declaración que fue “sistemáticamente intimidado y presionado” para delinquir.

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En este mismo sentido, hay otros detalles significativos como las imputaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que al ser delito concebido para una delincuencia organizada muy diferente, la del narcotráfico por ejemplo, en otros casos ha generado amparos y recursos legales por donde se han escabullido de las acusaciones empresarios como Gastón Azcárraga, líderes sindicales y gobernadores. O la especulación distractora en torno al uso de la figura del testigo protegido, que desde 1996 forma parte de la ley contra delincuencia organizada y es fundamental para el combate eficaz de este tipo de criminalidad como bien saben fiscales de países como Estados Unidos o Italia.

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En la realidad no tienen mucho que ver con las películas, aunque hay varias sobre el tema, y su aplicación a la mexicana hasta hoy deja mucho que desear. Sobre todo por el uso delictivo que se les dio durante la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón, donde algunos incluso fueron empleados para inventar crímenes que permitieron ajustes de cuentas entre grupos de poder que mandó a la cárcel a adversarios de Genaro García Luna y asociados durante una supuesta Operación limpieza que hasta hoy sigue impune. Lo irónico es que durante el (des)gobierno del también llamado Tomandante Borolas se establecieron los lineamientos para operar el programa de testigos protegidos de la entonces PGR, cuyas evidencias públicas dejaron por doquier rastros de corrupción y todo tipo de delitos contra la administración pública.

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Aun así la figura es indispensable y se ha utilizado con éxito en distintos casos de crimen organizado, menos publicitados o ya olvidados como la caída del mandamás del cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, el Matamigos. Apodo ilustrativo sobre algunos de los riesgos que se corren al romper la omertà o código del silencio y delatar a ex compañeros de andanzas, colegas, jefes o a otros implicados en redes criminales, donde las presiones y sentimientos en juego son mucho más complejos que la recurrente y simplona frase de cómo se le va a creer a un delincuente que incluso aplica para este caso donde un hermano de otro presunto implicado que ya no está en México, Luis Videgaray, se escandalizaba por redes sociales del trato entre el ahora colaborador y una FGR que pese a sus inéditas consideraciones mantiene como rehenes a  la esposa, madre y hermana de Lozoya.

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Sin embargo, los millones de euros gastados en muy prestigiados abogados ayudan y las distinciones de clase no se borran tan fácil, incluso en la autodenominada 4T, así que hay diferencias sustantivas como el trato dado a unos y a otros, o el hecho de que entre delincuentes de cuello blanco la omertà es bastante frágil tal como ilustra el mismo escándalo de Odebrecht en Brasil, y fácilmente –muchos de ellos hasta con cinismo- asumen un papel que en otras formas de delincuencia se estigmatiza inclusive en términos como sapo o borrega. Y que estos últimos en su momento dijeron ser parte de y a declarar inmediatamente, mientras Lozoya sale con que fue intimidado y que después dirá todo. De hecho, a decir de un conocedor del programa, a ningún testigo proveniente de cártel se le ha dispensado trato de príncipe por la sencilla razón de que “la mafia de cuello blanco es más poderosa que los cárteles”.

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El abogado de Lozoya recién descartó el interés de su cliente por incorporarse al programa, pues éste es únicamente para casos de delincuencia organizada y las imputaciones ya van en otro sentido. Así que el Estado mexicano pierde con esto otra oportunidad histórica para castigar la corrupción y múltiples delitos contra la administración pública, donde obviamente participaron más de tres personas que de forma reiterada se pusieron de acuerdo para cometer ilícitos que deberían posibilitar fincarles cargos por delincuencia organizada. O al menos generar un debate mucho más serio de lo hasta ahora visto, que es bastante lamentable y mediocre pues se ha privilegiado lo mediático más que lo jurídico. Esto pasa también por el fortalecimiento de la figura del testigo protegido, y dado que el tema es tan importante para dejarlo únicamente en manos de abogados y políticos es recomendable informarse y consultar la Ley contra la delincuencia organizada, especialmente artículos como el 11 bis1, fracción V, el 24, el 35, o capítulos como el quinto y noveno, así como la Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal. Esta última expedida durante el referido sexenio de García Luna y su contlapache Calderón.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_081119.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_170616.pdf