Nos llegó una carta donde trabajadores despedidos denuncian malos tratos y otras anomalías en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

A la opinión pública:

En el marco del plan de austeridad que ha impulsando desde el 01 de diciembre de 2018 el actual gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), C. Nashieli Ramírez Hernández no quiso quedarse atrás y señaló ante los medios de comunicación que también se ajustarían el cinturón a fin de apoyar dicha iniciativa, y que para ello solicitaría un presupuesto de 418 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, lo que representaría una reducción de 4% respecto al ejercicio fiscal de 2018, mismo que ascendió a 435 millones de pesos. (Periódico 24 horas, consultado en: http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=SA6CN4vCWFEHE12iNRaokfd9UFPLlehEn4ewVJMfruhGmByNUsNP73@@RKLe84ime&opcion=0&encrip=1)

De igual manera informó que como parte de esta política de austeridad desaparecerían tres direcciones: Comunicación, Tecnología de la Información y Servicio Civil que hasta ese momento no contaban con titular. Entre otras medidas estarían la desaparición de seguros de gastos médicos mayores y de vida, pago de vestuarios, consumibles, fiestas, telefonía celular y gasolina, todo ello con la finalidad de apoyar la política de austeridad del actual gobierno. No obstante que varías de las medidas que menciona la señora Nashieli Ramírez son bienvenidas y aplaudidas, también es cierto que otras van en contra y detrimento de los derechos laborales de las y los trabajadores de la CDHDF, derechos que se fueron gestando durante las administraciones del Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria (2001-2009) y el Dr. Luis González Plascencia (2009-2013), derechos que no tendrían porqué estarse cuestionando o negando cuando sabemos que la Comisión de acuerdo a la ley que la rige es una institución de Estado, de carácter autónomo, cuyo objeto es la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano, así como en los instrumentos internacionales.

Como punto de referencia obligado, es importante destacar que después del periodo del Dr. Luis González Plascencia, en un ambiente de opacidad se designó a la Dra. Perla Gómez Gallardo (2013-2017), periodo que se caracterizó por problemas internos con el personal de la institución. Se vivió un régimen de terror, los constantes movimientos de personal tuvieron como consecuencia “habituales prácticas de acoso y hostigamiento laboral, gran cantidad de despidos injustificados, rotación excesiva de personas con perfiles deficientes en puestos estratégicos del cuerpo directivo”. […] seis secretarios ejecutivos, dos directores ejecutivos de Administración, tres coordinadores de Investigación en Derechos Humanos –uno de ellos con 15 días en el cargo–, dos directores de Comunicación, sólo por mencionar algunos (Revista Proceso: https://www.proceso.com.mx/500950/inviable-reeleccion-perla-gomez-en-la-cdhdf-consejeros-exconsejeros). De igual manera se señaló en algún momento que lo más grave fue la erogación aproximada de 40 millones de pesos, mismos que se destinaron al pago de liquidaciones del personal.

En suma, los problemas internos, la rotación absurda de personal, la contratación de personas con nula experiencia en puestos estratégicos, además de las negligencias y despidos del mismo cuerpo directivo, pero sobre todo, la falta de interés por parte de Gómez Gallardo para apaciguar el problema, dio como resultado que la ciudadanía ya no confiara en el desempeño de la Comisión, mientras que las organizaciones de la sociedad civil siempre mostraron un claro distanciamiento y desacuerdo (desde un inicio) por esta administración. Paralelo a toda esta catástrofe, se desprestigió el trabajo de la CDHDF, además de debilitar la figura de ombudsman como institución.

Obviamente todos los conflictos antes citados fueron un gran detonante para que Perla Gómez no contará con el aval de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que la ratificaran en el cargo por un periodo de 4 años más. Las y los trabajadores que vivimos ese periodo de terror sentimos por un instante un gran alivio, pues creímos –ingenuamente- que con el cambio de titular las cosas no podrían ser peores, por el contrario, la o el ombudsman que llegara a dirigir esta honorable institución tendría como prioridad restablecer el orden al interior de la misma. Asimismo pensamos que las y los titulares tendrían un alto perfil de acuerdo al área que se les asignaría, pero ante todo, dadas las circunstancias expuestas ante la opinión pública, especulamos que este cambio traería consigo – en un primer momento- el reconocimiento del trabajo que realizamos día a día el personal de esta Comisión.

El contexto histórico expuesto anteriormente tiene por objeto evidenciar las atrocidades -porque no hay otra manera de llamarlas- que con la actual administración (dirigida por Perla Gómez) seguimos padeciendo la gran mayoría del personal que laboramos en esta Comisión. Aún cuando consideramos que la peor época vivida durante la administración de Gómez Gallardo era tema del pasado y que ésta no podía ser por mucho superada tan fácilmente, la realidad nos escupió a la cara, y no sólo eso, nos hizo replantearnos que las cosas a pesar de ser injustas, adversas y poco creíbles, pueden ponerse mucho peor.

Eso si, nuestra capacidad de asombro no debe ser puesta en duda, pues hasta el día de hoy varias y varios compañeros vivimos estupefactos ante los hechos tan contundentes que se ven y se viven a diario en esta institución. Hoy vemos con coraje, indignación y tristeza que de nada sirvió todo lo que se expuso ante diversos medios de comunicación, lo que se expuso de viva voz ante Consejeros y ex consejeros y organizaciones de la sociedad civil, y lo más lamentable, de poco o casi nada sirvió el despido masivo de varias y varios compañeros que se manifestaron en contra del régimen autoritario de Gómez Gallardo.

No obstante que la actual ombudsperson fue electa por unanimidad por el Pleno de la ALDF, que tomó como base para la designación –entre otros- formación académica, experiencia profesional, apoyo por parte de organizaciones de la sociedad civil, plan de trabajo, además del desempeño durante la etapa de entrevistas ante las y los diputados, vemos como esto no fue garantía del cambio institucional que se buscaba, por el contrario, persisten las mismas

prácticas de violencia y hostigamiento laboral, despidos masivos de manera injustificada, falta de libertad de expresión y una cerrazón total por parte de la señora Ramírez Hernández.

Lo anterior no deja de sorprendernos, pues de acuerdo a una nota de la revista proceso, la señora Nashieli Ramírez como exconsejera de la CDHDF envió una carta al presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF de aquel entonces, Leonel Luna, en la que criticaba la labor de Perla Gómez y la falta de autonomía por parte del organismo, lo que nos hace suponer que al estar al tanto de todos los acontecimientos plantearía –una vez en el cargo- una profunda restructuración institucional.

Supusimos que pondría en marcha un nuevo modelo de gestión, basado en la transparencia, terminaría con la improvisación de programas y que se allegaría de personal competente y con trayectoria en la materia, con metas claras y firmes, considerando capacidades, trayectoria y resultados de las y los trabajadores de la Comisión.

Pues bien, como ya mencionamos anteriormente, la actual administración no difiere en mucho de la de Perla Gómez Gallardo, pues actualmente persisten los grandes conflictos al interior de la Comisión. Ejemplo de ello lo podemos constatar con los hechos ocurridos a penas en el mes de diciembre de 2018. De acuerdo con una nota de Animal político (Información consultada en: Animal político: https://www.animalpolitico.com/2018/11/trabajadores-cdhdf-recortes-austeridad/) los trabajadores de la CDHDF fueron informados por sus directores de área que a partir de enero de 2019 dejarían de percibir el seguro de gastos médicos y el seguro de vida, lo que causó mucha indignación, preocupación y molestia. En primer lugar por la forma en que fueron notificados y en segundo por la falta de explicaciones ciertas.

Ante los hechos, el personal de diversas áreas se organizó y buscó tener una reunión con la señora Nashieli Ramírez Hernández, pues quería escuchar de viva voz la propuesta y los argumentos del nuevo proyecto de presupuesto para 2019, además de expresarle su inconformidad por la falta de transparencia con la que se abordaba el tema.

Una de las principales molestias que se han generado al interior de la Comisión radica en la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida, cosa que no es menor si ponemos en el centro del debate que hoy día las y los defensores de derechos humanos siguen siendo fuertemente perseguidos, estigmatizados y criminalizados por su desempeño. Es recurrente leer en redes sociales la gran cantidad de campañas de difamación en contra de personas defensoras de derechos humanos, expresiones de odio porque se les considera que defienden delincuentes, narcotraficantes y asesinos entre otros.

De igual manera –de acuerdo con el mismo medio- “los trabajadores expusieron que ven un riesgo de falta de independencia en el organismo ante el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, criticaron que el presupuesto puede debilitar la autonomía de la comisión y

manifestaron preocupación de que la Comisión se someta a lógicas de austeridad sin perspectiva de derechos humanos”.

La reunión que lograron tener con Ramírez Hernández fue estéril, no se dieron respuestas claras, no se despejaron dudas, por el contrario, la actitud de la ombudsperson fue distante, en ocasiones déspota y después de un lapso de casi dos horas optó por retirarse de la reunión sin ofrecer nuevamente un espacio de dialogo.

Bajo el supuesto esquema de austeridad las y los trabajadores de la Comisión no nos oponemos, vemos con buenos ojos la eliminación de banalidades como el pago de telefonía celular a titulares de área, disminución en consumibles, pago de vestuario, anulación de fiestas, entre otros. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo y lo manifestamos de manera contundente es en el recorte de personal, recorte a salarios y en prestaciones. Consideramos que cualquier tipo de recorte debe ser justificado para demostrar un uso racional de los recursos públicos y con una perspectiva clara de no afectar los derechos laborales de trabajadores.

Derivado de esta reunión sostenida con Nashieli Ramírez, se vino una ola de hostigamiento laboral hacia las personas que hicimos de manera pública nuestro descontento. A partir de diciembre de 2018 se ha dado una serie de despidos de manera injustificada. Los que trabajamos al interior vemos que la austeridad que pregonan no se ve reflejada. Continúan los gastos superfluos, persiste un mal manejo de los recursos públicos, contrataciones de personal derivado del trafico de influencias, o quizá por pago de cuotas políticas, pero sobre por amiguismos.

La nuevas políticas de austeridad del gobierno de la CDMX ha sido el escenario perfecto para que Nashieli Ramírez haga ahora de la CDHDF su botín político y económico. Ni planeado le hubiera salido tan bien, pues con el pretexto de que deben hacerse recortes para estar en sintonía con la actual jefa de gobierno, ha autorizado de manera prepotente e indiscriminada el despido de trabajadores de todos los niveles, desde directores hasta personal con plaza de intendente. Dichos despidos –de acuerdo con personal afectado- se dieron en un entorno hostil y en ocasiones déspota.

Ejemplo de ello lo podemos constatar si rascamos un poquito en la suciedad, iniciando por una área sustancial como es la Dirección de Administración. A esta Dirección General se incorporó recientemente el Mtro. Gerardo Sauri, operador que está dando continuidad a los despidos que se ordenaron desde el mes de diciembre. No obstante el poco tiempo que lleva en el cargo ha sabido echar mano de sus encantos, pues ya sea a solicitud de su jefa Nashieli Ramírez o porque él tiene sus propias aspiraciones e intereses, ha despedido de manera injustificada a varias y varios trabajadores de la Comisión.

El señor Gerardo Sauri, quien a pesar de tener una amplia trayectoria en materia de derechos humanos y contar con un destacado currículo no tiene ninguna formación en materia de administración, es decir, no hay manera de saber si el señor Sauri podrá con el reto de hacer milagros con el presupuesto.

También es un secreto a voces que el señor Sauri mandó de avanzada a su presunta amante, a quien ya la habían contratado desde el inicio de la gestión como subdirectora, misma que mantuvo un perfil bajo hasta la llegada de Sauri. La señora alardea de tener el bastón de mando y presume que correrá e integrará a un nuevo equipo en el área que le fue encomendada, logística y eventos.

Es indignante lo que sigue sucediendo en esta noble institución, son inaceptable las atrocidades que se comenten al interior, es asqueroso ver como las instituciones siguen siendo secuestradas por personas sin escrúpulos y con falta de humanidad.

No podemos aceptar el sistema feudal que ha impuesto Nashieli Ramírez y Gerardo Sauri, entre otros. Nos resistimos a ser parte de esta simulación de defensoras y defensores de derechos humanos, apelamos a la cordura y a que todos estos actos no queden en el olvido.

Atentamente,

Trabajadores despedidos de la CDHDF