Entre las demasiadas historias de terror que desde hace tanto azotan al país, a veces las más importantes pasan desapercibidas para la mayoría pues ocurren en las llamadas zonas grises del poder, aquellos espacios donde suele haber convergencias de lo lícito con lo ilícito y lo criminal. Sus efectos colaterales y víctimas se cuentan por decenas, centenas o miles, dado que incluyen niñ@s, mujeres, hombres, ancian@s, comunidades y pueblos indígenas, el desplazamiento forzado de población y amenazas-asesinato a defensores de bosques, tierras o especies animales, además de producir daños a la salud colectiva y tragedias medioambientales irreversibles.

La investigación de J. Jesús Lemus es un largo viaje por tierra (y a pie) que sigue la ruta de la explotación minera a cielo abierto por todo México, donde aparece el complejo entramado de intereses que incluye concesiones a empresas de poderosos como Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères o Ricardo Salinas Pliego, y a compañías mineras con capital canadiense, chino y estadounidense, de entre otras naciones, otorgadas sobre todo durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Esto incluyó beneficios como el pago de bajos salarios, condonación de impuestos locales, federales, de agua, luz e IMSS. Y sin una adecuada supervisión gubernamental. Por si fuera poco, cuando llega a haber problemas cuentan con recursos suficientes para pagar abogados caros y el autor deja en evidencia que el aparato de (in)justicia mexicano no suele admitir amparos en muchos juzgados argumentando “fallas técnicas” que en realidad parecen pretexto para justificar daños ambientales, despojo y otros delitos como falsificación de títulos de propiedad o estudios de impacto ambiental.

También aborda el asunto de las subsidiarias, que es una de las formas de poder diluir responsabilidades legales, los fondos detrás de ellas, las mineras sin rostro, las que emplean el silencio como estrategia comunicativa ante las crisis o el divide y vencerás a las comunidades donde se desarrollarán grandes proyectos extractivos. Asimismo, irregularidades significativas como los llamados ‘pocitos’ que muestran la colusión de empresarios, políticos y delincuencia organizada. El caso de Coahuila, por ejemplo, aunque componendas de este tipo aparecen en  Guerrero, Michoacán, Veracruz y muchos otros estados del país donde se lleva a cabo la actividad, dando lugar a un fenómeno donde células o grupos criminales extorsionan a empresas cobrándoles piso y vendiéndoles protección para preservar la seguridad de las instalaciones y del material extraído. Hay quienes ceden o quienes contratan guardias a los que pagan entrenamiento con instructores extranjeros, y reciben armamento de alto poder con el riesgo de convertirse en pequeños ejércitos privados.

La peor parte son las alianzas para obtener equipos irregulares de seguridad que sirvan para espiar opositores y combatir las protestas. Y esto ya no solo se trata de fuerzas federales que defienden los intereses de diversas compañías, reprimiendo y encarcelando mineros, sino del asesinato como medio que garantice el funcionamiento de un capitalismo depredador que incluye el saqueo de otros recursos naturales como maderas y animales (llevado a cabo por empresas chinas en Michoacán con total impunidad según documenta el autor), o que diversos grupos criminales se estén convirtiendo en asociado brazo armado ejecutor del que se oponga. Sobre todo defensores de la tierra y periodistas. En este sentido, cabe recordar lo dicho a Lemus por Rafael Caro Quintero: “El narco no mata porque sí. Tiene que haber causa para ello. Y sólo hay tres razones para que el narco ejecute a un periodista: porque robó al cártel, denunció la ubicación de un líder o por encargo”.

Los abundantes testimonios e información recopilada muestran de paso como en ocasiones la frontera entre no pocos periodistas y activistas se diluye, o que estos llegan a convertirse en el vocero de comunidades que no reciben las compensaciones ni beneficios prometidos y en cambio obtienen contaminación y no pocos desastres ecológicos, como los producidos por Grupo México en Sonora por ejemplo. Los engaños de múltiples funcionarios, mencionados con nombre y apellido, o la forma como las autoridades de todo México suelen “resolver” el asesinato de periodistas: crean su propia narrativa de los hechos, presentan evidencia falsa y la “confesión” de uno o varios detenidos. Una lectura necesaria en estos tiempos.